La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja exige a Concha Andreu responsabilidades y disculpas por los ataques de su Gobierno a la educación concertada

Las ocho demandas presentadas ante la Justicia durante esta legislatura para frenar las resoluciones del Gobierno de Concha Andreu contra la educación concertada han sido resueltas positivamente para esta red. La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja celebra estas sentencias y exige a Concha Andreu que pida disculpas y asuma la responsabilidad por las medidas ideológicas, estrictamente partidistas y al margen de la ley tomadas por su Ejecutivo. “Son cuatro años de desgobierno en los que han conculcado, sin ningún pudor, derechos fundamentales de los ciudadanos riojanos”, afirma Ana Isabel Preciado, portavoz de la Plataforma.

Desde esta organización destacan que el Tribunal Superior de Justicia recoge en sus sentencias lo dicho por el Tribunal Supremo y que “ya sabían quienes se negaron a dialogar”: “Como señala el Tribunal, el alumnado de la red concertada ha de estar en igualdad de condiciones que el alumnado de la red pública; no se pueden imponer cargas más gravosas a los centros concertados que a los públicos; y los intentos de incrementar plazas en los centros de una red y quitarlas en otra, sin tener en cuenta la voluntad de las familias y la demanda social, van en contra de la legislación”.

Por ello, la portavoz de la Plataforma asevera: “Los tribunales nos han dado la razón y confirman con sus sentencias lo que negaba la Consejería, los derechos de los ciudadanos están por encima de ideologías, partidos políticos y pactos de gobierno”.

Además, desde la agrupación formada por Concapa, Escuelas Católicas, CECE, USO y FSIE recuerdan: “El Gobierno de Concha Andreu y la Consejería de Pedro Uruñuela nos han calificado como una plataforma ‘insidiosa’, ‘desinformada’, ‘con ganas de molestar’… El tiempo y las sentencias han demostrado la necesidad y fundamento de nuestra constitución en febrero de 2020, que no era otra que garantizar la salud democrática del sistema educativo riojano”.

Explicación de las sentencias

En 2020, en plena pandemia, con las limitaciones que ello suponía, la Consejería de Educación publicó de forma inesperada una Resolución donde exigía a los centros de la red concertada unas ratios mínimas superiores a las de la red pública. “Es decir, para poder seguir existiendo, nuestros centros debían tener matriculados en sus aulas más alumnos que los centros públicos y, de no ser así, se podía eliminar el concierto –rememora Ana Isabel Preciado–. Intentamos hablar y negociar con la Consejería, pero, ante la falta de diálogo por su parte, nos vimos obligados a denunciar”. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dio la razón a la educación concertada en cinco sentencias en las que se decía, entre otras cosas, que el Gobierno tomaba medidas con “falta de motivación”.

En la misma línea de falta de justificación jurídica y falta de diálogo, la Consejería intentó suprimir aulas en los colegios Inmaculado Corazón de María (Escolapias Sotillo), Salesianos  Domingo Savio y Alcaste. “La gravedad de la situación llevó a los jueces a tomar medidas cautelarísimas para frenar el ataque. Ahora, esas medidas provisionales urgentes son tres sentencias firmes que anulan la Resolución de la Consejería que pretendía eliminar el concierto en estas aulas”, manifiesta la portavoz.

Pese a estos negativos antecedentes, desde la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja siguen apostando por el diálogo y demandando que se convoque la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada: “Queremos llegar a acuerdos en los que se respeten los derechos de todas las partes”.